VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN BRASIL
Por el Dr. Adalberto C, Agozino
La inseguridad amenaza convertirse en el punto débil de un Brasil que intenta consolidar un nuevo status en el orden internacional Una importante deuda social unida a cifras delictivos en expansión complican el desarrollo económico del gigante sudamericano.
El cuadro de inseguridad se potencia por la creciente actividad de grupos criminales que desafían el monopolio de la violencia por parte del Estado. Organizaciones como el carioca Comando Vermelho o el paulista Primer Comando de la Capital combaten con armas pesadas y explosivos a las fuerzas de aplicación de la ley creando un clima de guerra interna.
Para complicar aún más el panorama de inseguridad florecen los escuadrones de la muerte parapoliciales, las milicias privadas y los grupos de autodefensa, contratados por grandes propietarios, que aplican una brutal limpieza social asesinado a presuntos criminales, en la mayoría de los casos niños y adolescentes provenientes de barrios marginales o agricultores informales.
1. EL TALÓN DE AQUILES DEL MODELO BRASILEÑO
Brasil es uno de los países recientemente industrializados con mayor potencial del momento. Las razones de este éxito económico son evidentes. Su territorio de 8.511.965 kilómetros cuadrados lo sitúa en cuarto lugar entre los países más extensos de planeta. Un extenso territorio que contiene grandes y variados recursos naturales, entre ellos la mayor reserva de biodiversidad del mundo. La pujante industria brasileña, asociada a un sector agrícola en expansión –en el último año creció un 10%-, genera un producto bruto interno –PBI- que, en 2005, fue de 794.098 millones de dólares. El PBI al distribuirse entre un poco más de 188 millones de brasileños genera un PBI per capita de 4.320 dólares.
Sin embargo, no todo son rosas para Brasil. Uno de cada cuatro brasileños – 45,8 millones de personas- es pobre y debe recibir ayuda del gobierno para ahuyentar el hambre. La mayor pobreza se sitúa en áreas suburbanas y en la región nordeste donde el cuarenta por ciento de las familias brasileñas es pobre.
Por otra parte, la amplia geografía brasileña puede resultar un factor de debilidad en materia de seguridad. Brasil limita con diez estados sudamericanos, lo cual obliga a las autoridades brasileñas a patrullar 15.735 kilómetros de fronteras terrestres –muchos de ellos en zonas de difícil acceso- y 7.491 kilómetros de costas. Además, cuatro de estos países son los principales productores de drogas del continente, responsables, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, del envío de doscientas cincuenta toneladas anuales de cocaína a Europa . Colombia produce anualmente 500 toneladas de cocaína, Perú doscientas toneladas anuales y Bolivia cien toneladas. El ochenta por ciento de la cocaína boliviana, por ejemplo, tiene por destino el territorio brasileño donde ingresa por unos diez pasos fronterizos. En tanto que Paraguay produce 3.000 toneladas de marihuana al año . Este hecho hace que Brasil sea el segundo país consumidor de drogas del mundo después de Estados Unidos y uno de los principales territorios de tránsito de estupefacientes en las Américas .
Según las estadísticas internacionales, Brasil figura entre los países más violentos del mundo. En la ciudad de Río de Janeiro, por ejemplo, tan sólo entre enero y mayo de 2007, 546 personas resultaron heridas o muertas como consecuencia de balas perdidas en enfrentamientos entre bandos rivales que se disputaban puntos de venta de drogas en las favelas o la ciudad .
El diputado Raúl Jungmann, sub-relator de la Comissao Parlamentar de Inquerito sobre Organizaçoes Criminosas do Tráfico de Armas, decía en diciembre de 2006: “En Brasil muere una media de cien personas al día, lo que convierte al país en el campeón mundial en número absoluto de muertes por arma de fuego, superando a países en conflicto como Irak, Israel / Palestina y Colombia”. La posibilidad de ser asesinado por el disparo de un arma de fuego en Brasil es entre tres y cuatro veces más elevada que el promedio mundial.
La población de Brasil corresponde al 2,8% del total mundial, sin embargo, allí se concentra el 11% de todos los asesinatos que se producen anualmente en el mundo. Entre 1985 y 2005, el número de asesinatos en el país creció 237 por ciento. Las ciudades de Sâo Paulo y Río de Janeiro concentran el 42 por ciento de los asesinatos que tienen lugar cada año.
Brasil lidera también el ranking de hechos policiales en todas las categorías, excepto hurtos y detenciones por tráfico o tenencia de drogas. Esos dos casos son los delitos más subdenunciados del país, tal como muestra el siguiente cuadro:
TIPO DE DELITO Total por año Índice de delitos por cada 100.000 habitantes
Brasil Brasil EE. UU. Italia México Chile
Homicidios 41.000 22,20 5,60 1 13 1,70
Muertes por arma de fuego 36.000 20,3 3,38 0,1 2,60 0,06
Asaltos 942.000 510 140 78 146 22
Hurtos 2.150.000 1.170 4.300 2.560 112 374
Secuestros 650 0,4 0,03 0,2 0,3 0,4
Detención por tráfico o tenencia de drogas 90.000 48,5 622 41 23,4 2,08
Fuente: Diario Perfil del 14 de enero de 2007
Una estimación sobre el conjunto de la actividad criminal en Brasil, elaborada por el diario “Perfil” en base a información original de la revista “Veja”, consigna operaciones ilícitas por un monto anual de aproximadamente 3.800 millones de dólares, distribuidos en los siguientes rubros.
2. ARMAS Y DELITOS
En las tres décadas transcurridas entre 1973 y 2003 murieron más de medio millón de brasileños por disparos de armas de fuego. Esta alarmante estadística se explica en parte por el hecho de que en Brasil existen aproximadamente diecisiete millones de armas de fuego. El noventa por ciento de ellas se encuentra en posesión de usuarios civiles y únicamente la décima parte de ellas pertenecen a miembros de los cuerpos de aplicación de la ley. La mitad de estas son propiedad de usuarios no autorizados, es decir, se trata de armas ilegales. Se estima que la delincuencia en Brasil cuenta con un arsenal de unos cuatro millones de armas.
Según estudios realizados por prestigiosas organizaciones no gubernamentales como “Viva Río”, anualmente las fuerzas de la ley confiscan unas diez mil armas ilegales, el sesenta y ocho por ciento de ellas fueron comercializadas inicialmente en el circuito legal. Las armas legítimas se transforman en ilegales por robo o venta clandestina. Incluso un alto porcentaje de ellas fueron adquiridas por personal policial que luego las vende a particulares. En Brasil los miembros de la policía tienen facilidades para efectuar adquisiciones de armamento en los comercios del rubro.
Al mismo tiempo, Brasil es uno de los principales productores de armas ligeras del mundo. En algunas ocasiones, las armas que figuran en los registros como exportadas a los países vecinos fueron halladas en Brasil y en poder de criminales.
Lógicamente, entre el armamento incautado por las fuerzas de la ley también hay una importante cantidad de armas fabricadas en el extranjero. Gran parte de este armamento es de origen argentino.
En la década de los años noventa la distribución por país de origen de las armas en poder de los delincuentes secuestrados por las autoridades mostraba los siguientes porcentajes:
Pero, las últimas estadísticas elaboradas por la ONG “Viva Río” evidencian que, en la década del 2000, las armas de origen brasileño se incrementaron hasta alcanzar el 83% del total. Al mismo tiempo, la cantidad de armas ilegales de origen argentino ha crecido notablemente superando a las fabricadas en Bélgica. Incluso en el rubro “granadas de mano”, el 23% de los explosivos incautados fueron fabricados o importados por Argentina .
El armamento en poder de los criminales brasileños es sumamente diverso. Comprende desde armas de puño —pistolas semiautomáticas y revólveres de diverso origen, antigüedad, calibre y calidad—, pasando por armas largas —escopetas, subametralladoras y fusiles de asalto— hasta explosivos —granadas de uso militar, panes de trotyl y minas terrestres: antipersonal y antivehículo—. Frecuentemente, los miembros de las organizaciones criminales que operan en las favelas resuelven sus querellas en verdaderos combates librados con fusiles de asalto y granadas de mano de uso militar. Aún en los encuentros armados entre narcotraficantes y miembros de los cuerpos de aplicación de ley el “Kalashnikov” está a la orden del día.
Según Juliana Rosende, autora del libro “Operación Río”, en 1994, las organizaciones del narcotráfico cariocas disponían de unos 11.340 hombres armados con fusiles Ar-15, M-16, FAL y HK-223, escopetas de repetición de calibre 12 x 70 mm, pistolas ametralladoras 9 mm, granadas, lanzacohetes, morteros y proyectiles antiaéreos .
En abril de 2004, por ejemplo, se descubrió en una casucha de la favela Rocinha ocho minas terrestres de uso militar y granadas antipersonales. El empleo de este tipo de armamentos de guerra en poder de los narcotraficantes no deja de alarmar a las autoridades. Como señaló un columnista brasileño: “ni los iraquíes minan a su propio país para expulsar a los norteamericanos”. En uno de los días más tensos del conflicto entre narcotraficantes en Río de Janeiro, un helicóptero policial que sobrevolaba la favela Rocinha fue atacado con fusiles automáticos; averiado el aparato, se vio obligado a efectuar un aterrizaje forzoso
3. MARGINALIDAD, FAVELAS Y “LIMPIEZA SOCIAL”
La violencia que se expande por el conjunto de la sociedad brasileña como una enfermedad asume diversas modalidades conforme se desarrolle en un medio rural o urbano.
La violencia en el ámbito rural, sobre todo en el Norte y Nordeste de Brasil, tienen su origen en las pujas por la propiedad de la tierra. En esas regiones una décima parte de la población controla el ochenta por ciento de las tierras aptas para la agricultura. Grupos armados al servicio de los terratenientes suelen victimizar a los pequeños campesinos, indígenas, activistas medioambientales e incluso periodistas indiscretos.
Además de agencias de seguridad privada contratadas por los terratenientes para proteger sus tierras de la intrusión de campesinos sin tierra, actúan escuadrones de la muerte parapoliciales que operan al servicio de las grandes empresas agrícolas y mineras. Estas organizaciones son responsables de ataques y asesinatos que asumen la modalidad de ejecuciones extrajudiciales de miembros del Movimiento Sem Terra y de la aplicaci{on de procedimientos de limpieza social, verdaderas depredaciones y genocidios de pobres, marginales e indígenas.
En las últimas décadas se han producido más de dos mil conflictos entre hacendados y campesinos sin tierra, por un lado, y entre indígenas, grileiros –terratenientes que ocupan tierras ilegalmente adulterando las escrituras de propiedad- y galimpeiros –buscadores de oro-, por el otro, que involucraron a más de un millón de personas y provocaron centenares de víctimas fatales .
En las grandes ciudades, por el contrario, la violencia hunde sus raíces en la extrema desigualdad social. Más de un tercio de los brasileños vive en condiciones de pobreza, mientras que el diez por ciento más rico de la población concentra el cuarenta y cinco por ciento de la riqueza. Aunque las cifras han mejorado en los últimos años, Brasil es todavía el segundo país con la mayor concentración de ingresos de América Latina.
Una brecha de la vergüenza separa a los pobres extremos que pululan por las favelas de los más afortunados habitantes de los barrios más acomodados de las ciudades brasileñas.
Un tercio de la población urbana del Brasil vive hacinada en las 16.433 favelas que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística registraba en el año 2002. De ellas 1.592 están asentadas en el estado de Sao Paulo y 681 en el estado de Río de Janeiro.
El siguiente cuadro señala las ciudades brasileñas con mayor número de favelas:
Las favelas –barrios cadenciados o asentamientos irregulares- son áreas de marginalidad de muy antigua data. La primera favela se formó en el siglo XIX en el Morro da Providência. Los primeros moradores del Morro da Favela eran ex combatientes de la Guerra de Canudos que se instalaron allí en 1897. Aproximadamente unos diez mil soldados fueron desplazados a la ciudad de Río de Janeiro –en ese entonces capital federal del Brasil- con la promesa de construir allí viviendas adecuadas para ellos y sus familias. Ante el incumplimiento de las autoridades, los soldados se instalaron provisoriamente en las laderas del morro.
En tanto que la denominación “favela” proviene también de la guerra que las fuerzas republicanas libraron contra los seguidores de Antonio Conselheiro en el sertäo bahiano . Favela era el nombre de un morro situado en las proximidades de Canudos y que sirvió de base de operaciones para las fuerzas republicanas. Al parecer, la vegetación achaparrada del Morro da Providência les pareció a los ex combatientes similar al monte de arbustos faveleiros propio del sertäo nordestino.
La colonia creció con la incorporación de elementos marginales tales como ex esclavos, indigentes, etc. Posteriormente el nombre de favela se aplicó a diversos asentamientos informales de viviendas, generalmente construidas con chapas de zinc, que se levantaron por imitación y necesidad en otros morros e incluso en otras ciudades
La ausencia del Estado permitió que esos barrios geográficamente verticales comenzaran a ser al mismo tiempo caldo de cultivo y refugio de actividades ilegales. Primero fue el robo, pronto se sumó el juego ilegal –los bicheiros- y finalmente, desde 1980 con más fuerza el narcotráfico y el crimen organizado.
Hoy en día en las favelas constituyen una suerte de Estado dentro del Estado con sus propias jerarquías, leyes, sistemas judiciales y penales. Así lo atestigua incluso el Secretario Nacional de Derechos Humanos de Brasil, Nilmario Miranda, al decir: “Las favelas donde actúan las mafias del narcotráfico son territorios liberados y fértiles para el crimen, por la miseria y el desempleo” .
En ausencia prácticamente total del Estado en las favelas fue concentrándose informalidad, miseria y marginalidad. En este escenario turbulento, el narcotráfico pasó a ocupar paulatinamente las funciones que no cumplía el Estado ausente. En ocasiones, los jefes de las organizaciones criminales que allí actúan ocupan los espacios que la asistencia social del gobierno federal, estatal y comunal ha abandonado. Incluso invierten parte de sus fabulosas ganancias construyendo canchas polideportivas, adquiriendo y distribuyendo medicamentos, velando por la seguridad de los favelados y, por supuesto, impartiendo su justicia brutal y despiadada.
En algunas ocasiones, en la favela, el monopolio de la violencia ha pasado del Estado a las organizaciones criminales . Por ejemplo, cuando el dono do morro Marcio Amaro de Oliveira cobró al cantante Michael Jackson para permitirle grabar un video en la favela carioca de Doña Marta y garantizó la seguridad del artista y su equipo.
En las 531 favelas de la ciudad de Río de Janeiro vive un cuarto de los 5.700.000 cariocas. Según UNICEF, allí habitan entre cinco y siete mil niños pobres, con edades comprendidas entre 8 y 17 años, que constituyen la mano de obra barata que los narcos emplean para muchos de sus trabajos sucios . Son reclutados a partir de los diez años, usan armas y son sometidos a una estructura jerárquica con reglas y castigos que no diferencian niños de adultos. Suelen recibir como pago el veinte por ciento de la droga que venden, pero generalmente la cocaína que reciben como pago no es vendida sino consumida por el niño.
Informes oficiales del gobierno municipal carioca sostienen que, sólo durante el año 2005, alrededor de mil niños fueron detenidos por el delito de narcotráfico en esa ciudad .
El número de asesinatos de niños llega a ser mayor en Río de Janeiro que en algunas regiones en conflicto. En la guerra entre israelíes y palestinos, por ejemplo, murieron 467 niños entre 1987 y 2001, mientras que la violencia en Río provocó la muerte de 3.937 menores en el mismo período .
Entre las ciudades de Río de Janeiro y Sâo Paulo hay aproximadamente 2.300.000 jóvenes, entre 14 y 24 años, que no terminaron la educación básica. En ese contingente se encuentran el 80% de los asesinos y de los asesinados. Según la Organización Mundial de la Salud, en el grupo de varones de 10 a 29 años de edad, Brasil tiene una tasa de 59,6% homicidios cada 100.000 habitantes, es decir, entre dos y tres veces màs que la tasa total nacional de 22,2 cada 100.000 habitantes.
En un estudio realizado por la ONG Observatorio de Favelas sobre 230 jóvenes que viviendo en las favelas cariocas admitían pertenecer a alguno de los grupos criminales que allí operan. Los jóvenes, en general, cumplían funciones de vendedores de drogas en la bocas do fumo, vigías o soldados encargados de proteger el territorio de los otros grupos criminales.
El sesenta por ciento de los entrevistados declararon trabajar un promedio de más de diez horas diarias, siete días a la semana y haber participado en enfrentamientos armados con miembros de bandas rivales o fuerzas policiales.
Durante los dos años, que demandó el estudio, murieron 45 de estos jóvenes, cifra que equivale a un quinto del grupo inicial. De ellos un tercio pereció en enfrentamientos armados con la policía. Lo cual indica la reducida expectativa de vida de los jóvenes vinculados al narcotráfico pero también el comportamiento represivo de la policía en Brasil.
Precisamente, en los cuatro primeros meses del año 2007, la Policía de Río de Janeiro mató a 449 personas. De mantenerse esa proporción las personas muertas a manos de la policía carioca se incrementará un 36% con respecto al año 2006 .
Para apreciar el nivel alcanzado por la violencia policial en el estado de Río de Janeiro debe señalarse que la policía carioca mató en cuatro meses más personas que la totalidad de los cuerpos policiales de los Estados Unidos durante el año 2006 -375 víctimas fatales en EE. UU.-.
Otro parámetro de comparación podría encontrarse dentro del mismo Brasil. La policía de Sâo Paulo considerada una de las más temibles, en el mismo período ultimó a 290 presuntos criminales. Tomando en consideración que la población de Sâo Paulo es mayor que la de Río, puede decirse que la policía carioca mató 3,6 veces más .
Como señala el sociólogo Eduardo Soares: “la mayoría de las víctimas eran pobres, negros y favelados”. Esto indica que mucho de la violencia policial y parapolicial encubre prácticas de “limpieza social”. Es decir, la supresión de personas a quienes se considera elementos antisociales e irrecuperables para la sociedad como los frecuentes asesinatos a golpes de mendigos y sin techo .
Un trágico ejemplo de las prácticas de limpieza social realizadas en Brasil fue el hallazgo, en el interior de un automóvil Siena, en enero de 2007, de siete cuerpos horriblemente torturados y descuartizados. Cinco de los cuerpos pertenecían a adolescentes de entre 18 y 24 años que vivían en la favela Maré. Las víctimas estaban sospechadas de haber participado en ataques contra puestos policiales en diciembre de 2006, los responsables nunca hallados fueron los escuadrones de la muerte .
4. LOS GRUPOS CRIMINALES EN BRASIL
Si bien, las organizaciones criminales brasileñas no operan en un solo estado ni en una sola ciudad, parece oportuno analizarlas en función del lugar donde se originaron o son más activas. En tal sentido, suele distinguirse entre grupos criminales cariocas y paulistas
4.1. Las Organizaciones Criminales en Río de Janeiro
Las organizaciones criminales cariocas son el Comando Vermelho, Terceiro Comando, Amigos dos Amigos y Terceiro Comando Puro y sus subfacciones.
La más importante de estas organizaciones que manejan el narcotráfico en las favelas y penales cariocas es el Comando Vermelho que dirige Luiz Fernando da Costa, más conocido por su alias de Fernandinho Beira Mar desde la cárcel. Esta organización surgió en la década de 1970, cuando detenidos por delitos comunes en las cárceles cariocas entraron en contacto con presos políticos pertenecientes a grupos revolucionarios que los instruyeron en formas de organización y métodos de guerrilla urbana.
Fernandinho Beira Mar fue detenido el 21 de abril de 2001, en Colombia, mientras concretaba un negocio con la narcoguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, y deportado a Brasil, donde la justicia lo sentenció a treinta y tres años de cárcel.
Desde el penal donde se encuentra recluido, Fernandinho suele dirigir a través del teléfono celular a sus “soldados” contra quienes pretenden invadir su territorio en las favelas y castigar a las autoridades cariocas cuando toman medidas que afectan sus intereses.
El siguiente cuadro ilustrado sobre los distintos grupos criminales cariocas, sus bases operativas y el monto de sus principales negocios ilegales.
4.2. Las Organizaciones Criminales de Sâo Paulo
La ciudad de Sâo Paulo, con sus veintidós millones de habitantes y un PBI de 267.000 millones de dólares es una de las más importantes y ricas del Brasil. Precisamente allí tiene su base de operaciones la organización criminal más importante y peligrosa del Brasil, el Primer Comando de la Capital –PCC-, que dirige Marcos Willians Herba Camacho, más conocido por su alias de “Marcola”.
El PCC se constituyó, el 31 de agosto de 1993, en el infame Anexo de la Casa de Custodia de Tubaté, situado a unos 130 kilómetros de la ciudad de Sâo Paulo. Este penal es conocido como el piranhao porque ahí “Las pirañas se comen unas a otras”. Tras una serie de denuncias por torturas y para congraciarse con los presos, el director del presidio autorizó ese día un partido de futbol entre el Comando Caipira, formado por presos del interior del Estado paulista, y el Primer Comando de la Capital, constituido por reclusos provenientes de la ciudad de Sâo Paulo. Lógicamente, había mucha tensión entre los rivales. Un testigo relató que los reclusos se gritaban “me voy a comer tus ojos o me voy a beber tu sangre”. Cuando comenzó el partido, José Márcio Felício, alias “Gelaiâo” -un recluso de 1,90 de estatura y 130 kilos de peso-, se lanzó sobre un rival, lo sujetó de la cabeza y le quebró el cuello. En segundos se le unieron Cesinha, Baianao, Cara Gorda, Esquisito, Bicho Feio y Paixao. “Si nos tocan, el PCC va a responder con todo lo que podamos”, gritaron. Se había constituído la organización criminal más importante del MERCOSUR.
El grupo fundador estuvo formado por Misael Aparecido da Silva, el “Misa”, Wander Eduardo Ferreira, el “Eduardo Cara Gorda”, Antonio Carlos Roberto de la Pasión, lo “Pasión”, Isaías Moreira del Nacimiento, el “Isaías Raro”, Ademar de los Santos , el “Dafe”, Antonio Carlos de los Santos, el “Bicho Feio”, César Augusto Roris da Silva, el “Cecina”, y José Márcio Felício, el “Geleiâo”. De los ocho miembros fundadores, seis murieron violentamente y los dos restantes están apartados de las operaciones del grupo.
El PCC adoptó el mismo lema que el carioca Comando Vermelho: “Paz, Justicia y Libertad” y la sigla 15-3-3 formada por la ubicación de las letras P-C-C en el alfabeto portugués. Como representación gráfica adoptó el símbolo chino del equilibrio “ying-yang”, a negro y blanco, porque pretendía “equilibrar al bien y el mal con sabiduría”.
El objetivo inicia del PCC, que en un comienzo también se denominó Partido del Crimen, pretendía “combatir la opresión dentro del sistema penitenciario paulista” y “para vengar la muerte de los 111 presos”, el 2 de octubre de 1992, en la “masacre del Carandiru”, cuando la Policía Militar mató a reclusos en el pabellón 9 de la extinta Casa de Detención de Sâo Paulo.
El primer líder del PCC, fue Idemir Carlos Ambrosio, lo “Sombra”, quien se hizo célebre en febrero de 2001, al organizar y coordinar por teléfono celular rebeliones simultáneas en 29 presidios paulistas, que dejaron un saldo de 16 muertos. Cinco meses más tarde, Sombra era ultimado a palos por varios miembros del PCC en una disputa por el control de la organización. El PCC comenzó entonces a ser liderado por “Geleiâo” y “Cesinha”, responsables por la alianza del grupo con el carioca Comando Vermelho.
“Geleiâo” y “Cesinha” comenzaron a organizar atentados violentos contra edificios públicos a partir del Complejo Penitenciario de Bangu, donde se encontraban detenidos. Considerados demasiado extremistas por otro grupo de miembros del PCC más moderado fueron expulsados del grupo en noviembre de 2002 cuando el control del grupo pasó a su actual líder Marcola. Los desplazados “Geleiâo” y “Cecina”, junto a algunos de sus seguidores formaron entonces el “Tercer Comando de la Capita”.
Marcola en ese entonces tenía treinta y ocho años y había pasado la mayor parte de su vida en la cárcel. Creció, como otros delincuentes, en el seno de una familia muy pobre de una favela. Comenzó su carrera delictiva como “carterista” en el centro del Sâo Paulo. Su primera condena le fue aplicada a los dieciocho años. Terminó su escuela primaria en la cárcel donde también parece haber adquirido una gran pasión por la lectura.
A lo largo de su vida criminal, Marcola se fugo en cuatro ocasiones de la prisión. A través del tiempo se fue especializando en el robo de bancos y transportes de caudales. Su golpe más exitoso, en 1995, le reportó nueve millones de reales –más de cuatro millones de dólares- al asaltar un local de “Transbank” una empresa transportadora de caudales. Después de este atraco se refugió en Paraguay durante un año. Las autoridades brasileñas lo detuvieron en 1997, al regresar a Sâo Paulo, y desde entonces permanece detenido en la cárcel donde cumple una condena de 39 años y once meses.
Marcola habría ordenado, entre otros crímenes, el asesinato en 2003, del juez – corregidor Antonio José Machado Días, el “Machandinho”, quien dirigía el Centro de Readaptación Penitenciaria –CRP- sito en la localidad de Presidente Bernardes, a 589 kilómetros de Sâo Paulo. El CRP era una de las prisiones más rigurosas del Brasil y donde los miembros del PCC temían ser transferidos debido a que debían pasar en confinados en sus celdas hasta 23 horas sin periódicos, revistas, radio o televisión.
En diciembre de 2006 fue autorizado a contraer matrimonio con Cynthia Giglioli da Silva, una estudiante de derecho de 29 años. Anteriormente, Marcola estuvo casada con la abogada Ana María Olivatto, asesinada, en el año 2002, de dos disparos en la cabeza por sus enemigos.
Otro de los líderes del PCC es Orlando Mota Junior, alias “Macarrao”.
El PCC está organizado en base a un “Estatuto” de dieciséis artículos, que se distribuyó en los penales para su discusión en 1996 y que un año más tarde apareció publicado en el Diario Oficial de Sâo Paulo. Irónicamente daba como “dirección legal” de la organización el penal de Carandirú, en ese entonces la cárcel más grande de Sudamérica, que fuera dinamitado en 2002.
El capítulo primer propiciaba que “la lealtad, el respeto y la solidaridad estarán por encima de todo”.
El segundo defendía “la lucha por la libertad, la justicia y la paz”, lema que fue pintado en los penales que se rebelaron en el año 2001 y también durante la rebelión de mayo de 2006.
El cuarto destacaba la obligación de “aquellos que estén en libertad a contribuir con los hermanos dentro de la prisión por medio de abogados, dinero, ayuda a los familiares y acciones de rescate.”
El sexto dictaba que “el partido está por encima de los conflictos personales” y el decimoprimero justificaba la existencia de la organización en “la lucha descomunal e incansable contra la opresión”.
El PCC más que una banda de criminales funciona como un “sindicato de delincuentes”. Los miembros presos deben pagar una cuota de protección mensual de unos veinticinco dólares y de hasta doscientos cincuenta dólares si están en libertad. Algunas estimaciones aseguran que a conducción del PCC cuenta con reservas de más de cincuenta millones de dólares.
Para formar parte del PCC, lo que implica convertirse en un “hermano”, un delincuente debe ser “bautizado”. Es decir, presentado por un miembro aceptado de la organización quien pasa a constituirse en garante de la fidelidad del nuevo miembro. El novato suele ser también sometido a pruebas para evaluar su valor y subordinación a las órdenes del PCC.
Los líderes del PCC, desde sus lugares de detención, controlan el tráfico de drogas en las favelas, ordenan la compra de armas y organizan acciones delictivas de gran impacto. Pero también realizan acciones de ayuda social para los reclusos. Fletan autobuses para que los familiares de sus miembros puedan concurrir a los penales. Distribuyen bolsones con alimentos entre los presos, organizan fiestas en las cárceles o compran juguetes para que los internos entreguen a sus hijos los días de visita. Además organizan la asistencia jurídica a los reclusos, contratan a los mejores abogados dispuestos a ponerse a su servicio, compran equipos de televisión para la cárcel –indispensables para seguir los partidos de futbol-, etc.
El PCC es un real factor de poder en el mundo criminal de Brasil. Muchos directores de penales deben negociar con sus líderes para poder mantener el penal bajo control sin demasiados incidentes. En ocasiones, los guardias no pueden ingresar al interior de los pabellones sin pactar antes con los reclusos que cantidad de guardias van a ingresar y que tipo de actividad van a llevar a cabo dentro del mismo. Cualquier trasgresión a lo pactado puede desembocar en un sangriento motín que inmediatamente se propaga por otros penales y provoca retaliaciones en forma de ataques a oficinas públicas, estaciones de policía y hasta vehículos de transporte público.
Así ocurrió el 12 de mayo de 2006. En esa fecha la violencia criminal desatada desde los penales paulistas azotó por cinco días el estado de Sâo Paulo provocando la muerte de 40 policías, 89 reclusos y 4 transeúntes, el incendio de 82 ómnibus, una estación de metro y 17 instituciones bancarias atacadas. Simultáneamente, se efectuaron motines en 93 de las 140 prisiones del Estado paulista.
La violencia carcelaria se desató luego de que los líderes del PCC se enteraron de una reunión confidencial entre policías y un grupo de legisladores para planificar el traslado de la cúpula de esta organización y otros setecientos sesenta y cinco presos a dos prisiones de máxima seguridad, una en Presidente Venceslao, a 620 kilómetros al oeste de Sâo Paulo y la otra en la zona norte del Estado.
La violencia sólo cesó después de una negociación secreta del gobierno paulista con la cúpula del PCC. Aunque las autoridades niegan haber efectuado cualquier acuerdo con los presos amotinados.
Los ataques de los criminales provocó el temor de los habitantes de Sâo Paulo, pero la actitud de las autoridades al establecer una negociación con estos llenó de indignación al país. El diario “O Estado de Sâo Paulo” publicó un lapidario editorial donde señaló “La sociedad es rehén del crimen organizado pues ha prevalecido una absurda complacencia con los criminales, que se traduce en indultos y otros beneficios” .
El poder del PCC se basa en las condiciones inhumanas de hacinamiento y violencia que imperan en las cárceles de Brasil y de toda la región, que lejos de aislar a la sociedad de sus presos más peligroso, se han convertido en bases del crimen organizado donde se recluta y entrena a su miembros y desde donde de planifican y organizan los crímenes más violentos ante la impotencia de las autoridades.
LOS COSTOS DE LA INSEGURIDAD
La inseguridad que impera en Brasil, además de los costos humanos y sociales, implica grandes costos materiales. Según el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, Brasil invierte todos los años el diez por ciento de su PBI en seguridad. Recordemos que, cuando se produjeron estallidos de violencia criminal, los sucesivos gobiernos brasileños se vieron obligados a patrullar con efectivos militares las zonas urbanas en conflicto. Pero, ni aún así consiguieron estabilizar esos territorios.
Los gastos en seguridad del sector privado rondan los 25.000 millones de dólares anuales, de los cuales tan sólo 1.000 millones corresponden al sector bancario y financiero. El costo de la seguridad bancaria en Brasil es treinta por ciento más elevado que en cualquier otro país de la región.
Debido a los altos niveles de criminalidad los costos de instalación –medidas de seguridad, seguros, custodias, etc.- de una nueva empresa extranjera en el Brasil son treinta por ciento superiores a los de otros países. La filial brasileña de la General Motors, por ejemplo, gasta tres veces más en seguridad que su casa matriz en los Estados Unidos.
Para adquirir una verdadera dimensión del freno que la inseguridad pone al crecimiento económico del Brasil, podemos recurrir a la siguiente estimación realizada por los expertos financieros del BID. Si la tasa de crecimiento en Brasil fuera similar a la de Costa Rica, el PBI per capita brasileño se incrementaría en doscientos dólares y el PBI neto aumentaría entre 3,2 y 8,4 por ciento.
El problema para los países del MERCOSUR, en especial, y para el resto de Sudamérica es que la violencia e inseguridad que impera en Brasil no siempre permanece dentro de sus fronteras. Brasil se ha convertido en un vasto espacio de marginalidad, que absorbe productos ilegales, drogas, armas, etc. Y sirve de refugio a miembros de los grupos criminales de la región y exporta inseguridad a sus vecinos. Así lo afirma, por ejemplo, el ex juez y ex jefe de la Secretaría Nacional Antidrogas durante el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, Walter Maierovitch, actualmente presidente del Instituto Giovanni Falcone: “La intensidad de las operaciones del narcotráfico en Brasil creció. Siempre había sido un corredor de pasaje de la droga que va para Europa, y también un centro proveedor de químicos para el refinamiento de la coca. Pero ahora también sirve como base de refugio de traficantes y de operaciones de lavado”.
Indudablemente, los problemas de pobreza y violencia son regionales y no privativos del Brasil. El ejemplo de los grandes costos, humanos y financieros, que la inseguridad impone al Brasil deberían constituir un llamado de atención para otros gobiernos latinoamericanos que enfrentan cuadros sociales similares.
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